El
programa que se viene desarrollando desde el 2010, y actualmente ha conseguido
desde sus comienzos una inserción laboral
de 2.500 personas y una colaboración de más de 4.000 empresas.
El
proyecto consiste en que durante 1 año la
persona con diversidad funcional intelectual realizara prácticas no laborales en una empresa de lunes a viernes durante 4 horas diarias hasta llegar a cumplir con
100 horas, y seria realizar labores de ordenanza propias de la Delegación
Territorial, además la persona de prácticas contara siempre con un responsable
de FEPROAMI que será el encargado de facilitar a la empresa la gestión documenta,
como del seguimiento del control de firmas del participante y mantener una relación
diaria con su tutor de la empresa, así mismo el trabajador de prácticas también
recibiría una vez acabado el proyecto una beca económica que facilita Mapfre y
un certificado de asistencia por parte de la Delegación territorial.
Por
su parte Manuel Herrera no ha dudado
en resaltar que “la Delegación de Salud,
Igualdad y Políticas Sociales de Cádiz, viene demostrando de manera continuada
su gran compromiso con las personas más vulnerables, apoyando diferentes
actuaciones a favor de las mismas tanto en el ámbito
laboral, como en el de la vivienda, la educación, la alimentación o la salud,
ejemplo de ello es que la Junta aprobó
el pasado año la nueva Ley andaluza de los Derechos y la Atención a las
Personas con Discapacidad, que promueve la inserción laboral del colectivo,
mediante la puesta en marcha de numerosas iniciativas en materia de empleo.
Todo ello con la finalidad
de poner énfasis en la autodeterminación, en la capacitación y en el
empoderamiento de las personas con discapacidad; en la vida independiente, en
la perspectiva de género, así como en la accesibilidad universal y los apoyos
individualizados cuando sean necesarios.”
Así
mismo esta ley incluye medidas de empleo
ordinario, público, privado y en los CEE (Centros Especiales de Empleo), al
igual se ofrecerán como novedad cursos
de formación para el empleo con un 3% de las plazas reservadas para
personas con diversidad funcional e independientemente del número de plazas
siempre deberá ser como mínimo 1 de ellas destinada a este colectivo.
Así
mismo en las bolsas de trabajo público
se deberá reservar un mínimo del 10% de
las plazas a la inserción laboral de las personas con problemas de exclusión
social, y no el 7% cifra que se viene reservando actualmente.
Por su parte en las
escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo deberán contar con un 5%
de su alumnado con diversidad funcional.
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