Por otro lado se llevó a cabo un examen en profundidad con numerosos
encuestados, que entre otros temas les preguntaron por la discapacidad, así como la dependencia, el ocio, el trasporte, la salud,
la exclusión social y la percepción del género, con el que se dio a conocer
que el 47% de las 102 personas
encuestadas con discapacidad física no
tienen o no pudo pasar de los estudios primarios, por ello en general
presentan un nivel inferior de formación, algo parecido sucede con el empleo,
ya que un 77% del colectivo son pensionista, mientras que el 75% no supera el salario mensual de 1.000€,
e incluso el 50% no supera los 700 € y un 20% está buscando un trabajo.
Al igual que se demostró que más
del 75% de las personas que viven en una
residencia, por lo que se entiende que están cobrando una pensión, una vez que
pagan su mensualidad para mantener su plaza, solo les que 163 € para el
mes, cifras que en vista de Rosa Ugarte
subrayo que “las pensiones hacen un
efecto anestesia, que aleja a estas personas de querer encontrar un trabajo”,
por ello propusieron que se fomente el empleo
digno, especialmente para los que sufren una mayor discapacidad, y que se
retiren las pensiones mientras se trabaje, pero que se recuperen al dejar el
empleo.
Por estos motivos, reclamaron a las instituciones públicas que
actúen y compatibilicen las pensiones con la RGI, al igual que garanticen el
derecho a un producto de apoyo, la asistencia o vehículos adaptados, y por último
el ocio y el transporte público, ya que tampoco están garantizados, a pesar de
ser indispensables.
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