lunes, 11 de septiembre de 2017

Análisis de la situación de dependencia

El 17 de enero se llevó a cabo una conferencia de presidentes en la cual el 10 de febrero se creó la comisión para análisis de la situación de dependencia, que se formó con Mario Garcés como presidente secretario de estado de servicios sociales e igualdad, junto a las Administraciones Generales del Estado (AGE), representantes de Hacienda, Carmen Balfagon directora general del Inserso y los consejeros de servicios sociales de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, los cuales llevan reuniéndose periódicamente desde el 7 de marzo y la última realidad recientemente fue el 5 de Septiembre para analizar al actual situación de la Ley de dependencia y su financiación.
En ella informaron que a 30 de junio de 2017 hay 1.217.355  personas beneficiarios con derecho, 898.243 con prestación efectiva y 319.092 en lista de espera, y que este año cuentan con un mayor presupuesto para la dependencia en comparación al 2016 cuando el coste fue 7.986 millones de euros.
Por ello Mario Garcés hizo hincapié en que “Este año contamos con 100 millones de euros que nos ayudarán a mejorar las necesidades del Sistema, ya que estamos todos de acuerdo en la necesidad de revisar el modelo de financiación y mejorar las condiciones económicas,  y que estas no se deberán utilizar con fines políticos ni estratégicos
Se acordó también la revisión de la ley 39/2006, que después de 10 años se ha quedado algo anticuada,  así  deberá ser adoptada de un nuevo sistema financiero que garantice la atención de todas las personas dependientes, ya que esta cifra crece cada año, por lo que se debe buscar recursos que cubran las necesidades de este colectivo y no dejar a nadie sin atender.
Por ultimo Mario destacoen esta reunión hemos alcanzado el pleno consenso, aunque quedan por recoger los votos particulares de Cataluña, Aragón, Andalucía y Asturias, los cuales serán contabilizados para el informe final que ya se ha aprobado en un 95%;  que será emitido en unas semanas y debatido en el Consejo territorial extraordinario, a su vez también remitido al grupo de trabajo de la financiación autonómica”.




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