Denuncia del CERMI por la accesibilidad en las universidades

EL 30 de abril el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) denuncio ante el Defensor del Pueblo y la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) que actualmente las universidades no están cumpliendo con la normativa del 2003 que entro en vigor el 4 de diciembre de dicho año, que consistía en crear un programa formativo para todos los universitarios accesible en todos los aspectos ya fueran formativos,  del entorno físico, edificios, infraestructuras, el trasporte, las diversas formas de comunicación y los servicios informativos, sin embargo actualmente en 2018 no se está cumpliendo nada de lo que se pidió para la creación de una ciudad accesible a todos.

Por ello el CERMI recuerda que dicho texto de la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal para las personas con discapacidad, recoge que “el Gobierno desarrollara currículo formativo en “diseño para todas las personas” en todos los programas formativos universitarios para la formación de profesionales en los campos del diseño y construcción del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información” acción que no se está realizando, incumpliendo con ello el Real Decreto Legislativo 1/2013 del 29 de Noviembre, fecha en que se aprobó el texto refundido de la Ley General de las Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, y que está recogido por las Naciones Unidas, que pidió al gobierno que se fomentase la inclusión para todas las personas con el fin de que todos se desarrollen con buenos currículos formativos, empezando por que los planes de estudios de las universidades se deben realizar desde el respeto y basándose en la promoción de la accesibilidad universal y el diseño para todos.

Por todo ello denuncian que los títulos universitarios no cumplen con la normativa de verificación y modificación que se realiza en la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA) Junto a la agencia de evaluación autonómica.

Por tales motivos, el CERMI solicita la intervención del Defensor de Pueblo y de la OADIS a fin de que insten al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a que hagan efectivas estas disposiciones legales, como medidas necesaria para constituir una cultura vinculada a la accesibilidad universal, como paso imprescindible para la inclusión y convivencia de las personas con discapacidad.