El 3 de Diciembre La Federación
de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FAMMA-Cocemfe Madrid) denuncia cinco años de retraso en la aprobación de un
necesario régimen de infracciones y
sanciones, lo que están propiciando una importante vulneración a los
derechos fundamentales de las personas con discapacidad y un incumplimiento de
la normativa estatal por nuestra Comunidad, vulnerando así, el artículo 25 de la Constitución, que exige la reserva de ley en materia
sancionadora donde se tipifiquen las conductas ilícitas y se regulen las sanciones
correspondientes parar espetar y hacer respetar las garantías de la ciudadanía
en un Estado de derecho.
En este sentido, se considerarán infracciones administrativas las
vulneraciones del derecho a igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas,
acosos, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar
ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción
positiva legalmente establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios
económicos para el infractor.
Según Javier Font,
presidente de FAMMA, "nos tenemos
que dar cuenta que todo lo que está reclamando el sector de la discapacidad en
estos momentos, es y será disfrutado por toda la ciudadanía. Sólo por eso,
debemos pensar en este tipo de medidas para todas las personas, sean o no,
personas con discapacidad".
En la actualidad el acceso de
las personas con discapacidad física a los bienes y servicios públicos o
privados, está lleno de trabas y de problemas que discriminan. Para poder acceder
a la cultura o a información previa para acudir a eventos o lugares sin
problemas, es prácticamente imposible.
De ahí la necesidad de que el marco regulatorio obligue a facilitar información
previa de la situación con las que se van a encontrar las personas con
movilidad reducida antes de desplazarse. Para las personas con movilidad reducida
que necesitan de información previa para organizar sus desplazamientos, la venta
de entradas por internet para ir al teatro, al cine, o a exposiciones es un
auténtico caos. También existe una importante falta de información previa en
páginas web de la administración que dificultan la inclusión en la vida normalizada
de las personas con discapacidad, así como su interrelación con las distintas administraciones.
En palabras del presidente de
FAMMA, "existen muchas vivencias
que podríamos contar y que nos suceden todos los días complicándonos la vida.
Por poner un ejemplo clave en el siglo XXI, podríamos hablar de Internet y de
la difusión de múltiples páginas web a través de este medio, que sí reúnen
información para cualquier persona que no tiene discapacidad, pero no para
quienes sí la tienen, muy a tener en cuenta para su propia planificación. Esto
sólo se puede arreglar con una ley de estas características que obligue tanto
al sector público, como al sector privado, ya que éste último, se encuentra en
tierra de nadie propiciando una vulneración mayor si cabe, sin que nadie actúe creando
un marco de protección para las personas que sufren sus consecuencias.”
Es importante que además de apoyar
la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad de
la ONU, nos dotemos de herramientas necesarias para su cumplimiento, en un
país, donde se hizo efectiva su ratificación y su apoyo institucional, en el pleno
de la Asamblea de la Comunidad de Madrid.
La Constitución española establece
que los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad e
igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y
efectivas, y deben facilitar la participación de todas las personas en la vida
política, económica, cultural y social. Asimismo, la Convención de las
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, fija el
compromiso de promover, proteger y asegurar el pleno disfrute de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en condiciones de igualdad por parte de
las personas con discapacidad y de promover el respeto a su dignidad inherente.
Una cuestión que no se debe olvidar tampoco a las comunidades autónomas entre
las que se encuentra, la Comunidad Madrid.
El gobierno regional debe regular una norma que proteja los actos
ilícitos tanto por acción, como por omisión, cometidos por aquellas personas
tanto físicas, como jurídicas, que vulneren los derechos de las personas con
discapacidad en todos los aspectos que les afecte. Mientras que esto no ocurra,
se nos estará retirando el derecho de legitimación de las entidades que representan
a este colectivo, como a sus familias o directamente, a los afectados para reclaman
sus derechos para vivir con dignidad.
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