Por el día internacional de las personas con
discapacidad que es mañana 3 de Diciembre, el Cermi ha creado el siguiente manifiesto:
El pleno ejercicio de los derechos ciudadanos
de las personas con discapacidad está supeditado, en gran parte de las
ocasiones, al cumplimiento de un presupuesto previo: la posibilidad de acceso,
de uso y disfrute del conjunto de los entornos, bienes, productos y servicios
que ofrece la sociedad en todos sus ámbitos, sin discriminaciones ni exclusiones
por razones de un funcionamiento corporal, mental, comunicacional o cognitivo
diverso; esto es lo que conocemos como accesibilidad universal.
La accesibilidad
universal se entiende como derecho, más exactamente, como presupuesto
necesario para el ejercicio pleno de derechos humanos, lo cual tiene como
correlato lógico la consideración de la falta de accesibilidad de los entornos,
productos, bienes y servicios a disposición del público como una discriminación
contra las personas con discapacidad.
Comporta la
accesibilidad universal la superación de
todo tipo de barreras, independientemente de lo visibles que estas sean. En
el caso de las barreras invisibles, alimentadas habitualmente por los
prejuicios negativos, los estereotipos y los sesgos, la accesibilidad universal
supone una modificación de las actitudes para evitar conductas discriminatorias, así como la toma en
consideración y la comprensión de las necesidades singulares y específicas de
las personas. La accesibilidad universal
es pues un bien social básico que ha de ser promovido y estar amparado y
protegido por los poderes públicos, y respetado y desplegado por todos los
operadores, agentes y particulares de la vida en comunidad
En la esfera internacional, esta consideración
de la accesibilidad universal viene consagrada por la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, adoptada en
diciembre de 2006 (artículo 9 –accesibilidad universal; artículo 20 –movilidad
personal; y 21 –acceso a la información-, p. e.), y firmada y ratificada por
España, por lo que resulta plenamente aplicable. La legislación española,
aunque de un modo imperfecto, incompleto y poco efectivo, también proclama,
declara y regula la accesibilidad universal y el diseño para todas las
personas.
Las violaciones
más insistentes e insidiosas de los derechos humanos de las mujeres y hombres
con discapacidad, las discriminaciones y exclusiones más generalizadas que
sufren con mayor intensidad tienen que ver con la inexistencia o con las carencias
de accesibilidad universal, que constituyen obstáculos muchas veces insalvables
para llevar una vida independiente libremente decidida, y alcanzar una completa
inclusión en la comunidad.
Aunque apenas hay datos, por falta de estudios
e investigaciones solventes, las mujeres
y niñas con discapacidad están más expuestas a recibir incrementados los efectos
negativos de la falta de accesibilidad universal, por lo que en este
ámbito, aparentemente neutro, es imprescindible también aplicar un exigente enfoque
de género para combatir la discriminación intersecciones que se produce.
En el año 2003,
gracias a las presión y la incidencia del movimiento social de la discapacidad,
España aprueba una legislación básica, aplicable y exigible en todo el
territorio nacional, que establecía, resumidamente, unas obligaciones de
accesibilidad y no discriminación, de modo que todo lo nuevo desde esa fecha
tendría que ser, nacer, necesariamente accesible, y para lo preexistente que no
reuniera esos parámetros, se fijaban unos límites temporales amplios, para
convertirlo en accesible, siempre que fuera susceptibles de ajustes razonables,
que llegaban en un principio hasta 2019, y que posteriormente, por un cambio
legal operado en 2011, se redujeron dos años, hasta 2017, para mayor precisión,
hasta el 4 de diciembre de 2017. La fecha por fin ha llegado, y los deberes
legales no están hechos.
Pese a los recordatorios, los continuos avisos
y las denuncias reiteradas, estos años últimos, del tejido asociativo de las
personas con discapacidad y sus familias, asistiremos el 4 de diciembre de
2017, límite legal para alcanzar el bien básico de la accesibilidad universal,
a un fracaso colectivo como sociedad y como país, imputable especialmente a los
poderes públicos, las administraciones, las autoridades y los agentes y
operadores oficiales, que evidenciado su incapacidad culpable para hacer
cumplir las Leyes en materia de accesibilidad universal, han permitido que la
mayor parte de los entornos, bienes, productos y servicios sigan estando hoy
negados o severamente dificultados por ausencia o graves deficiencias de
accesibilidad a las mujeres y hombres con discapacidad.
Ante esta burla
de los mandatos legales, absolutamente ineludibles en un Estado que se proclama
social, democrático y de Derecho, y la estafa política y legislativa de que han
sido víctimas las personas con discapacidad, cuyas expectativas de disponer de
entornos universalmente accesibles, tras esperas y aplazamientos interminables,
se han visto una vez más traicionadas, el tejido social de derechos humanos de
la discapacidad intensificará su tarea de presión, crítica y denuncia,
desplegando una estrategia activa de movilización y contestación contra los
incumplimientos en relación deber de garantizar la accesibilidad y los
responsables de los 4 mismos, consistente en la reclamación política y jurídica
de soluciones prontas que acaben con este estado estructural y sistemático de
vulneración de los derechos humanos de esta parte de la diversidad social que
son las personas con discapacidad.
Desde la discapacidad organizada se
denunciará administrativamente y se demandará judicialmente las violaciones de
derechos por falta de accesibilidad universal; se exigirá la actuación de
los poderes públicos para corregir las graves y extendidas deficiencias aún
persistentes, con inversiones suficientes, con sanciones de los incumplimientos
y con la mejora continua del marco normativo; y se promoverá con mayor firmeza
la toma de conciencia del valor de la accesibilidad por parte de la sociedad y
de todos su operadores y agentes, y se robustecerá el conocimiento y formación
de los profesionales que conciben proyectan, diseñan, configuran e implantan,
así como de titulares, los proveedores y los gestores de los entornos,
productos, bienes, servicios, procesos y procedimientos. A partir del 4 de diciembre, el movimiento asociativo será más
reivindicativo, vigilante y beligerante contra las violaciones de derechos por
falta de condiciones de accesibilidad universal.
La realización
y la consecución de la accesibilidad universal en plazos inmediatos constituye
por tanto un asunto primordial en la agenda política del movimiento de derechos
humanos de las personas con discapacidad y sus familias, en el que este pondrá
todas sus energías y potencial para un cambio social que no admite más demoras.
¡SIN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, NO HAY
DERECHOS HUMANOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD!
Dicho manifiesto tambien se encuentra disponible en pictogramas
Al igual que en lengua de signos, que se puede ver en el siguiente enlace
Al igual que tambien esta disponible en lectura facil, que como en sus otras versiones os la podeis descargar en su web
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