Recientemente Asturias ha sido pionera en utilizar
la técnica de lectura fácil para
ayudar a una mujer con un 65% de
discapacidad intelectual a entender que se la había denunciado debido a que
alguien la había suplantado la identidad
y la había puesto a su nombre 2 coches con sus respectivas sanciones
administrativas, acción que por poco la cuesta a la mujer ser embargada de
sus bienes.
Para ello usaron un lenguaje claro con frases
cortas de claro entendimiento y apoyándose en pictogramas y en diversos objetos
destinados a ser de ayuda para las personas con dificultades cognitivas, una
vez que ya lo entendió, lo siguiente fue recabar las numerosas pruebas de los
delitos y comprobar en todos ellos como la firma que aparecía en todos los
papeles ninguna se correspondía a la real de la afectada.
Durante todo el proceso estuvo acompañada de Ana María Valle abogada de oficio y que
en cuando se entero del caso, no dudo en ponerse en contacto con el Colegio de abogados de Oviedo para ver cómo
podía ayuda a la víctima, y fue allí cuando la dijeron que contaba con la técnica
de lectura fácil, de tal manera que la
sentencia se realizó de forma normal en 6 folios y aparte con este formato
donde todo ello se pudo resumir en 2 hojas usado frases muy cortas y claras
y a la vez muy explicativas de lo que estaba pasando y los pasos que tenía que
hacer para poder resolver el problema.
Además, en el colegio de abogados se comprobó que
el caso se llevaría a juicio de la mano de Juan
Carlos García delegado del foro de justicia y discapacidad del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ)
y del Tribunal Superior de Justicia
(TSJA) e impulsor del proyecto del uso de la lectura fácil en los casos que se
resuelvan por vía contencioso administrativo.
Por todo ello como subrayo Ana María “Comprobé que
efectivamente se cumplían los requisitos para atender la solicitud de la
letrada, y solicité al Principado la contratación con la entidad que
correspondiera para su financiación.
La respuesta
fue negativa, al entender la Dirección General de Justicia que no era un asunto
de necesidad o lo suficientemente importante, entonces recurrí a quien sabía
que me podía ayudar, la asociación de
atención a personas con discapacidad intelectual Plena Inclusión Asturias,
que es de quien partió la idea originaria de la lectura fácil de las sentencias
y que puso en marcha el proyecto con el
TSJA en 2017. La respuesta fue positiva, y a costa de la asociación.
El resultado
es que una farragosa sentencia por técnica de seis folios le llegó al
demandante discapacitado acompañada de otra en versión de lectura fácil de sólo
dos hojas que comienza con la pregunta "¿Qué es este documento? Y le
explica que una sentencia es la decisión final de un Juez sobre un juicio, que
con ella se resuelve la demanda que interpuso contra la Jefatura Provincial de
Tráfico de Asturias. Y al lado, en un recuadro, le explica qué es una demanda.
Y así hasta que llega al fallo, las consecuencias y cómo tiene que obrar si le llegan
más sanciones.”
Por su parte Casilda
Sabin gerente de Plena Inclusión Asturias hizo hincapié en que “los técnicos de la asociación trabajaron de manera gratuita en este caso
porque cualquier persona con discapacidad intelectual tiene derecho a entender
una sentencia, es un trabajo muy complejo, porque el sistema de lectura fácil es muy estricto, con unas normas reguladas
a nivel europeo, y el texto definitivo no está finalizado hasta que no es
absolutamente comprensible, es muchísimo trabajo, tiene costes y el Principado
está dormido en este asunto".
Por su parte Juan
Carlos García remarco “Pese a que el proyecto de sentencias de lectura
fácil salió de Asturias, lo están copiando en el resto del país y ha tenido
repercusión mundial, con premios nacionales e internacionales, otras autonomías
nos ganan la mano, porque estas incorporando el proyecto y financiándolo, y el Principado, que debería ser un ejemplo a
nivel mundial, sigue sin facilitar su financiación, pese a que es escasa,
ya que el coste anual podría situarse en unos 15.000 euros.
Queremos que
se extienda a todos los órdenes judiciales, pero sin financiación nos quedamos
atrás y nos adelantan otras comunidades".
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