El 12 de Septiembre el pleno
del senado aprobó la preposición de
ley que propuso el partido Unidos
Podemos, de que las personas con
movilidad reducida no tengan que pagar peaje, beneficio que actualmente
solo disfrutan las fuerzas armadas o vehículos de urgencias
Para que esta acción sea de mayor beneficio el partido Compromis pidió que se
amplié para las personas que tengan en
su propiedad las tarjetas de aparcamiento o estacionamiento autorizados, que
son concedidas por los ayuntamientos,
aunque esta acción no está todavía aprobada para su funcionamiento, ya
que permanece a la espera de un debate de ambos partidos políticos con el PP.
Aunque Miren Edurne
Gorrotxategui subrayo que esta preposición “es una demanda histórica de los colectivos de las personas con
movilidad reducida y con discapacidad”.
Por su parte el senador Antonio
Ignacio Romero hizo hincapié en que “
esta medida es factible, razonable y elogiosa, ya que va destinada a personas
que tienen una mayor dependencia del vehículo privado, porque es una realidad
que nos hemos conseguido como país que el transporte público sea universalmente
accesible”.
Por su parte Nemesio de Lara manifestó que “esta reforma contribuirá a dar visibilidad al esfuerzo que hay que
realizar para conseguir una plena inclusión social de las personas con
discapacidad”.
Mientras que Marta Pascal
del PDECAT subrayo que “hay que acabar
con el sobrecoste que pagan las personas con movilidad reducida por desplazarse
es algo de sentido común, y hay que hacerlo rápido porque los argumentos
sobran”.
En la misma línea hablo Nerea
Ahedo del PNV que solo pidió que en
la regulación se tengan en cuenta las competencias automáticas en materia de
peaje.
Por su parte el CERMI hizo hincapié
en que “esta medida se debe inscribir dentro
de las políticas de acción positiva a las que están obligados los poderes
públicos para favorecer la plena inclusión de las personas con discapacidad en
la sociedad, ya que la ausencia de accesibilidad de los sistemas de transporte
público lleva a las personas con discapacidad a hacer un uso más intensivo del
vehículo privado, con el desembolso añadido que eso supone. Este sobrecoste
debe verse compensado con medidas como la exención de peaje de las autopistas,
que son concesiones del Estado”.
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