El 28 de noviembre se llevó a cabo en varios puntos de España una manifestación llevada a cabo por Cocemfe bajo el lema Mi
casa no es mi cárcel, por ello entre otros municipios participaron
en Galicia (COGAMI) donde participaron más de 500 personas que pidieron que se
modifique la ley de la propiedad horizontal que deberá de ser obligatoria cumplir
a la hora de llevar a cabo reformas relacionada con la accesibilidad.
Con ello se espera que se ponga fin a la situación de discriminación
que atraviesan algunas personas con discapacidad que, sin haber cometido delito
alguno, no pueden salir de sus casas por falta de accesibilidad.
Por lo que esta actividad tenía como nombre #Arrestópolis, en referencia a aquellos edificios donde la falta de
accesibilidad obliga a personas con discapacidad a permanecer cerradas en sus
propias casas en contra su voluntad.
En este sentido, se celebraron
concentraciones en 37 ciudades produciéndose en Galicia en los ayuntamientos de Ourense,
Muros, Pontevedra, Boiro, Vigo, Santiago, A Coruña, As Pontes, Lugo, Monforte
de Lemos y O Carballiño, para reclamar
que se modifique la Ley de Propiedad Horizontal y eliminar así la actual
limitación económica de 12 mensualidades de gastos de la comunidad para que sea
obligatorio realizar las reformas de accesibilidad de la misma forma que las
comunidades vecinales afrontan otras reformas ineludibles derivadas de las
condiciones estructurales, a estanqueidad,
la habilitación y la seguridad.
“En este acto pretendemos
sensibilizar a los organismos públicos y a la sociedad en general sobre la
existencia de personas con discapacidad que viven encerradas en sus propias
viviendas por falta de accesibilidad en su edificio” iniciaba el
manifiesto, que fue leído por personas representantes de las entidades y
también por personas usuarias.
Recordando que el pasado 4 de diciembre finalizó el plazo legal para
que todos los productos, bienes,
entornas y servicios habían sido plenamente accesible, COGAMI pide que las diferentes
administraciones, en el ámbito de sus competencias, den una respuesta
satisfactoria la esta problemática y agilicen todos los trámites legales y
administrativos necesarios para que los edificios sean accesibles y que la
población en general respete los derechos de las personas con discapacidad
física y orgánica y colabore en su ejercicio efectivo.
En el manifiesto también se recogen argumentos como que “No podemos hacer depender la accesibilidad
universal de los recursos económicos que tiene la ciudadanía”, y también que
“un edificio accesible es un edificio para todas las personas y realizar las
obras necesarias para garantizar la accesibilidad es una inversión justa, y
necesario, puesto que, al fin y al fin y a la postre, nadie sabe se en alguno
momento de su vida va a necesitar estas adaptaciones”.
En este sentido, el movimiento asociativo de las personas con discapacidad
pidió a los poder de la Administración que trabajen en pro de las personas con discapacidad y lleven
a cabo acciones necesarias para que ninguna persona se vea en la tesitura de
que no pueda entrar ni salir de su casa, ya que, para vivir con autonomía y
plena participación social es imprescindible a libertad de movimientos.
También se quiso recordar en este acto que esta problemática “no solo afecta a personas con discapacidad
física, también a las que tienen patologías cardíacas u otras tipologías médicas”.
Además, entre las propuestas
realizadas, figura que se prioricen las reformas integrales y la instalación de
ascensores o cuestas siempre que sea posible, en vez de optar por aquellas
actuaciones que facilitan la movilidad pero requieren más mantenimiento o la
intervención de terceras personas como pueden ser un elevador o un salvaescaleras.
Por último, el objetivo final de
la campaña es la colaboración de todos los actores implicados para encontrar en
cada caso la mejor solución de accesibilidad, ya que “estas medidas son
fundamentales para conseguir edificios para todas las personas, garantizar los
derechos de las personas con discapacidad y avanzar hacia la autonomía personal
para conseguir una vida independiente”, finalizaba la lectura del manifiesto.
El manifiesto completo que se leyó
fue el siguiente:
MANIFIESTO # ARRESTOPOLIS POLA
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS, POLA MODIFICACIÓN DE La LEY
DE PROPIEDAD HORIZONTAL
Buenos días a todas y a todos. Hoy estamos aquí para recordar la
importancia de que se garantizan los derechos de las personas con discapacidad
física y orgánica. Entre todos los derechos, el derecho la una vivienda digna
es fundamental para poder llevar a cabo una vida normalizada y de la misma manera
es imprescindible garantizar el derecho a la movilidad, es decir, la que tú
puedas salir y entrar de tu casa de una forma autónoma e independiente.
Estas dos cuestiones son imprescindibles para que podamos diseñar
nuestro propio modelo de vida. Necesitamos una casa en la que vivir y
necesitamos poder salir y entrar en ella por nosotros mismas y nosotros mismos
porque, de esta manera, tendremos la posibilidad de acceder a nuestro derecho
al trabajo, a nuestro derecho a la educación y, no menos importante, nuestro
derecho al ocio.
Por esto, os doy las gracias
una vez más por asistir hoy aquí porque, en este acto, pretendemos sensibilizar
a los organismos públicos y a la sociedad en general sobre la existencia de
personas con discapacidad que viven encerradas en sus propias viviendas por
falta de accesibilidad en su edificio.
En este sentido, pedimos al poder del Estado que trabajen a favor de
las personas con discapacidad y lleven a cabo acciones necesarias para que
ninguna persona se vea en la tesitura de que no puede entrar ni salir de su
casa, ya que, para vivir con autonomía y plena participación social es
imprescindible a libertad de movimientos.
Para comenzar, es necesario recordar que parte de esta problemática
tiene su explicación en la Ley de Propiedad Horizontal. Esta ley es la que
regula todos los aspectos relativos a las comunidades de propietarias y
propietarios, pero a pesar de que las personas con discapacidad también somos
propietarias e inquilinas, no se no tiene en cuenta de la misma manera que al
resto de la población.
En concreto, establece que serán obligatorias y no requerirán de
acuerdo previo @da Xunta de Propietarios a realización de obras y actuaciones
necesarias para garantizar la accesibilidad universal, siempre que las
requieran aquellas personas propietarias en cuya vivienda o local vivan,
trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad o mayores
de setenta a años.
Si este había sido todo el texto que se dedica a liquidar nuestra
situación de discriminación, sería estupendo, puesto que provocaría que se
llevaran a cabo de manera obligatoria todas las medidas para que las personas
con discapacidad podamos entrar y salir de nuestras viviendas de manera
independiente.
Sin embargo, esta ley guardia un pequeño las bajo la manga que permite
que las personas con discapacidad sigamos sin tener garantizada esta
accesibilidad que nos corresponde por ley, toda vez que el pasado 4 de
diciembre finalizó el plazo para que todos los productos, bienes, entornos y servicios
habían sido plenamente accesibles.
Este las consiste en que, si el coste de la derrama por propietario
supera las 12 cuotas, esta reforma ya no tendría carácter obligatorio y serían
los vecinos y vecinas quien decidiera en junta se lleva a cabo o no.
No podemos hacer depender la accesibilidad universal de los recursos
económicos que tiene la ciudadanía. Estamos en una época en la que muchas
familias les siguen costando llegar al final de mes y tener una alimentación
adecuada. No podemos decirle a nuestra gente que, aparte de sus necesidades
básicas para solucionar una situación que no provocaron, y que se debe la que
no se tuvo en cuenta a nuestro grupo social, en el momento en el que se diseñó
el edificio.
Un edificio accesible es un edificio para todas las personas y
realizar las obras necesarias para garantizar la accesibilidad es una inversión
justa y necesaria. Justa, puesto que la privación de la libertad sin haber
cometido delito es una de las peores vulneraciones de derechos y necesaria
porque, al fin y al fin y a la postre, nadie sabe si en algún momento de su
vida va a necesitar estas adaptaciones.
Menos de un 1% de los edificios de nuestro país son plenamente
accesibles y 6 de cada 10 no permiten el acceso de la calle al portal. Esta
falta de accesibilidad está provocando que personas con discapacidad no puedan
salir de sus propias casas por no disponer de un ascensor o una cuesta. Se nos
está privando de libertad sin haber cometido ningún delito.
Hoy salimos a la calle en 37 ciudades de España para hablar de casos
reales de personas que no tienen una vida independiente. Ponérmelos voz y hacia
una realidad que requiere un verdadero compromiso político y ciudadano para que
dejemos de ser una neblina estadística de personas con movilidad reducida y se
nos empiece a tratar cómo lo que somos: PERSONAS. Personas con plenitud de
derechos.
Desgraciadamente, conocemos muchas personas que entre su casa y la
calle encuentran una barrera que les impide llevar una vida independiente.
ES el caso de Daniel Octavio,
un vecino de Elche, y Nuria, una vecina de
Parla, en Madrid, cuyos vecinos se niegan a instalar un ascensor. Esto,
aparte de impedir que puedan llevar una vida normalizada, implica una situación
del más inestable en la comunidad, porque supone ponerse a todos los vecinos en
su contra. Hacer depender una decisión tan importante a la voluntad de las
vecinas y vecinos puede provocar enemistades y un conflicto social innecesario.
Con el mismo resultado se encuentra Inmaculada, una mujer de Huelva
que, a pesar de disponer de ascensor en su edificio, es demasiado pequeño para
acceder con su cadera de ruedas y los vecinos y vecinas se niegan a cambiarlo.
Lo mismo le pasa la Mariana en Alicante
que, a pesar de que cuenta con cuestas, estas tienen una inclinación mayor a la
que establece la normativa y necesita que su hombre la ayude a poder subir.
Sin embargo, aunque pueda parecerlo, esta problemática no afecta
solamente la quien tiene discapacidad física, tenemos a personas como Matilde
que tiene una patología cardíaca que le impide subir y bajar escaleras
continuamente debido al esfuerzo que le supone. O Purificación, usuaria de hemodiálisis de A Coruña que vive en uno
segundo piso sin ascensor y solo sale de casa por razones médicas gracias a la
ayuda de los servicios sanitarios.
De la misma manera, las personas con sensibilidad química múltiple
también presentan dificultades para poder salir de sus casas con normalidad,
por causa de los productos químicos de limpieza que se utilizan, o por la
pintura, los productos de control de plagas o los residuos derivados de las
obras que se pueden llevar a cabo en un edificio de viviendas.
Por otro lado, también hay problemáticas como las que se enfrentan
Norma y Alejandro. Norma vive en un barrio de Bilbao con escalones de cemento
en el que es imposible instalar un ascensor, mientras que en el caso de
Alejandro es imposible que la comunidad de vecinos asuma el gasto que supone un
ascensor porque varios de ellos deben cuotas a la comunidad.
Todas las problemáticas descritas hasta lo de ahora dejan una única
solución posible hoy en día, que es cambiar de residencia. Y nosotros decimos
que no podemos consentir que poder entrar o salir del domicilio dependa de ser
la persona afectada o familia tiene recursos económicos suficientes o puede
endeudarse como para poder cambiar de residencia.
Además, hay que tener en cuenta que llevar a cabo este cambio supone
un impacto psicológico brutal. Personas obligadas a dejar atrás su casa, con
todos sus recuerdos, porque en el momento en el que se diseñó el edificio no se
tuvo en cuenta a las personas con discapacidad.
Las administraciones deben velar porque se lleven a cabo las reformas
necesarias, independientemente de cal es la capacidad adquisitiva de las
vecinas y vecinos, subvencionando estas obras de accesibilidad para que nadie
se encuentre en ninguna de las situaciones que acabamos de escuchar.
Este acto se está llevando a cabo de manera simultánea en varios
puntos de España, y en Galicia estamos en Santiago de Compostela, A Coruña,
Muros, Boiro, As Pontes, Ourense, Lugo, Monforte de Lemos, Vigo y Pontevedra.
Desde aquí agradecer a todas las personas que estáis y a todas las personas con
discapacidad que con sus testigos quieren cambiar las cosas.
Por todos estos motivos que estamos contando, pedimos a las
instituciones que garantizan la accesibilidad universal en todos los edificios
de viviendas, de manera que se haga especial hincapié en que se lleven a cabo
reformar integrales y la instalación de ascensores o cuestas siempre que sea
posible, en vez de optar por aquellas actuaciones que facilitan la movilidad
pero requieren más mantenimiento o la intervención de terceras personas como
pueden ser un elevador o
salvaescaleiras.
Asimismo, consideramos fundamental modificar la Ley de Propiedad
Horizontal para eliminar la actual limitación económica de 12 mensualidades de
gastos de la comunidad y que sea obligatorio realizar las reformas de
accesibilidad de la misma forma que las comunidades vecinales afrontan otras
reformas ineludibles derivadas de las condiciones estructurales, a estanqueidade, la habitabilidad y la
seguridad.
La este respeto, se deberán establecer ayudas específicas a todas las
comunidades vecinales que deban afrontar este tipo de actuaciones, ante lo
costoso que puede suponer su implantación, ya que así se facilitaría que las
comunidades vecinales asuman el montante completo de las obras de
accesibilidad. Además, las ayudas tienen que estar más presentes en los
inmuebles antiguos, puesto que, por cuestiones arquitectónicas, son los que
necesitan un mayor trabajo a la hora de llevar a cabo las reformas de
accesibilidad necesarias.
Otro de los aspectos clave es que no sea necesario que sea la propia
persona quien denuncie y pueda hacerlo en su nombre #cualquier otra persona o
entidad, el fin de evitar que la gente opte por no denunciar por miedo a cómo
reaccionará el propio vecindario.
En definitiva, pedimos que las diferentes administraciones, en el
ámbito de sus competencias, den una respuesta satisfactoria la esta
problemática y agilicen todos los trámites legales y administrativos necesarios
para que los edificios sean accesibles y que la población en general respete los derechos de las
personas de las personas con discapacidad física y orgánica y colabore en su
ejercicio efectivo. El objetivo final es la colaboración de todos los actores
implicados para encontrar en cada caso la mejor solución a la accesibilidad.
Estas medidas son fundamentales para conseguir edificios para todas
las personas, garantizar los derechos de las personas con discapacidad y que
podamos avanzar en nuestra autonomía y conseguir una vida independiente.
Muchas gracias.
Y ahora repetid todos y todas
conmigo:
Mi casa no quiero que sea mi cárcel!
Cambio de la ley de propiedad horizontal!
No queremos personas con discapacidad presas en las casas.
